Empresarios convencidos de que destinar recursos al cálculo y gestión del riesgo social del negocio, más que un gasto,es una inversión necesaria y altamente rentable.
Agencias de gobierno legalmente responsables, que aprecian las ventajas del obrar preventivo y, en caso de necesidad, del uso de los medios alternativos para la solución de conflictos.
Comunidades-grupos de interés que acusan los impactos de su entorno socioambiental, desean allegarse de información pertinente y suficiente y tienen disposición a encontrar soluciones negociadas preventivas y/o correctivas.